El software ¿y la democracia?

Hace unas semanas, en Microsoft: el mayor impulsor del software libre, se analizaban los orígenes del software libre, su vertiginoso crecimiento y como el vacío creado en el mercado fue aprovechado por un nuevo agente, la comunidad, para crear un retador creíble frente al establishment.

Después, en Y el software libre se hizo negocio... se analizó la situación actual del software libre, un mercado formado casi en exclusiva por empresas que se abrazan a este tipo de software por diferentes razones, todas ellas unidas por un denominador común: Business is business.

Hoy toca hablar sobre la miopía de algunas administraciones públicas a la hora de lanzar proyectos basados en software libre, bien sea para crear un sistema operativo con el que parecen querer competir con los grandes fabricantes del software, bien para reservar partidas económicas para consumo exclusivo en software libre o bien para lanzar oficinas de apoyo o impulso a este tipo de software. Intentaremos demostrar como lejos de ayudar, hacen un flaco favor a su impulso real en la sociedad, porque no hay nada peor para cualquier producto o servicio que hacerle crecer de forma artificial sin enfrentarle a la competencia de los Mercados.

El doble papel de la Administración frente al software libre

El papel de las administraciones públicas frente al software libre debe medirse desde dos puntos de vista completamente diferenciados. En primer lugar, el obvio, el de su uso a nivel interno. Debe analizarse su comportamiento ante él en términos de coste total de propiedad y aportación de valor tal y como lo haría una corporación privada. En segundo lugar debe analizarse su postura (apoyo, rechazo o no interferencia) desde una perspectiva institucional.

Vayamos con el primer punto que es el más simple. Cabe pensar que no hay razón aparente para que las administraciones públicas tengan un comportamiento frente al software libre diferente al que pudiese tener una compañía privada. En ese sentido, deben medir este tipo de industria de acuerdo a los mismos parámetros, valorando el software en función de su coste total y aportación de valor y no de su procedencia, si bien es posible que añadan algún parámetro adicional.

Un ejemplo de parámetro adicional es el apoyo a las lenguas minoritarias. Qué duda cabe que una compañía de TI no tendrá demasiado interés en traducir sus productos a lenguas minoritarias cuando el esfuerzo para hacerlo resulte superior a la rentabilidad esperada. Eso parece lógico, siempre y cuando el interés y la rentabilidad atiendan a parámetros puramente económicos. Pero ¿qué ocurre cuando la comunidad de software libre dice que sí está dispuesta a traducir a esos idiomas sus productos equivalentes?

Cuando eso ocurre y la Administración en cuestión amenaza con cambiar a productos de software libre sucede que, súbitamente, los grandes fabricantes de TI muestran un enorme interés por las lenguas minoritarias. La competencia hace que los mercados evolucionen.

Volviendo de nuevo a la cuestión esencial, las Administraciones Públicas, cuando se trata de su uso a nivel interno, deberían tratar al software libre como a un competidor más, midiendo las ventajas y desventajas de su uso tal y como lo haría la empresa privada. En palabras de la Ley de contratos del sector público, dando prioridad a la opción más económicamente ventajosa que, tal y como indica la propia Ley, no es necesariamente la más barata sino la que tiene una mejor relación calidad-precio.

Posición institucional frente al software libre

Parece obvio que no hay razón para rechazar institucionalmente al software libre. Resultaría extraño que una administración pública rechazase una nueva forma de industria. Por tanto, la cuestión se centra en si debe impulsarlo o debe ser neutral. Para ello, se analizarán las potenciales ventajas desde el punto de vista de creación de tejido industrial y aumento de las inversiones locales, la balanza comercial con el exterior y la percepción de mayor democracia y libertades.

La mayor parte de las grandes compañías de software plantean modelos según los cuales ellas ponen el software y el conocimiento del producto a alto nivel dejando a los integradores locales el trabajo de adaptación, implantación y mantenimiento. Este es el modelo de compañías como, por ejemplo, IBM, HP, SAP, Oracle o Microsoft que rara vez compiten en proyectos con los integradores locales. Con ello consiguen centrarse en lo esencial –su producto- cuidando y protegiendo al mismo tiempo el negocio de los integradores que les hacen la labor comercial frente a sus potenciales clientes. Se consigue así una simbiosis entre fabricante e integrador que parece ser de interés para ambos.

En el caso del software libre a nivel empresarial el modelo es exactamente el mismo e incluso aún más potenciado. Por tanto, desde el punto de vista de aumento del tejido industrial e inversiones no parece haber grandes diferencias respecto a cuál de los dos modelos es mejor. Ambos trabajan con integradores que crean empleo y tributan localmente. Lo sé, lo sé, las licencias no tributan localmente pero seamos pacientes que ahora vamos con ello.

En cuanto a las licencias cabe analizar la balanza de pagos frente a los países donde residen las compañías de software. Es obvio que en disposición de escoger cualquiera elegiría no tener que hacer frente a pagos exteriores dado que esto mejoraría la balanza comercial con esos países que, en el caso de la industria del software, son principalmente EEUU y algún país europeo –Alemania y Reino Unido- a una enorme distancia.

La historia está repleta de casos en los que un bloqueo fronterizo resulta de interés en el corto plazo pero realmente nefasto en el medio y largo. Potenciar el software libre por el mero hecho de no empeorar la balanza de pagos (asumamos en este supuesto que el software comercial es de mayor calidad) provocaría inevitablemente un corralito tecnológico (en referencia al corralito financiero argentino) en la medida en que las empresas locales tendrían acceso a peor tecnología que las exteriores.
Esta forma de actuación, en una economía globalizada, provocaría una espiral de empeoramiento tecnológico que mermaría la productividad global de la zona de influencia de la administración pública. Sería una muy curiosa forma de generar tejido industrial la de esa Administración, porque desarrollo tecnológico y productividad están absolutamente relacionados. Si se dispone de peor tecnología se están sentando las bases para una peor productividad, ergo peor competitividad con las empresas extranjeras, ergo se va directo al abismo.

Pero, sin ser poco lo anterior, aún hay más. Primar un determinado producto o servicio en función del lugar de su producción y no en función de su calidad es una forma muy sutil de control arancelario. En ese sentido, dejando de lado el hecho de que podría no estar conforme a las normas internacionales sobre libre comercio, ni a la Directiva que regula la libre circulación de bienes y servicios en la UE, ni a la Ley que regula la contratación en el sector público (LCSP) y no valorando tampoco el hipotético empeoramiento tecnológico indicando anteriormente, la historia demuestra que la política de no importar es también una política de no exportar. Uno de los teoremas más importantes de la Teoría del Comercio (Abba Lerner, 1936) demostró que el gravamen sobre las importaciones es exactamente equivalente al gravamen sobre las exportaciones. En ese sentido, la decisión de primar un determinado software en función de su producción interna no beneficia en modo alguno al conjunto del PIB visto de modo global. Nuevamente, curiosa forma de generar riqueza la de esa Administración.

Finalmente, se llega a la cuestión por la que, desgraciadamente, con mayor frecuencia aparece el software libre en los medios de comunicación: líderes políticos esgrimiendo el aumento de la democracia tecnológica asociado al software libre. A modo de ejemplo se incluye este link sobre software sostenible y democrático (ahí es nada) como muestra de despropósito mediático. Se cita un enlace pero se cuentan por toneladas en Internet; propongo la búsqueda "software democracia" si se tiene tiempo libre para leer absolutos sinsentidos.

La cuestión de fondo es dilucidar si es lícito usar los derechos de copyright como medio para garantizar el negocio. Si en lugar de software se hablase de terrenos resultaría escandaloso negar el derecho a la propiedad privada. Bien es cierto que hay una diferencia fundamental entre un terreno y el software: si alguien cede, vende o regala un terreno deja de tenerlo. Sin embargo, si alguien cede, vende o regala un software ambos lo tienen. Maximizando este razonamiento de que lo intangible no puede tener derechos de propiedad han proliferado líderes políticos y sociales que abanderan el software libre como una nueva forma de democracia.

En un elevado número de ocasiones –aunque por supuesto no siempre es cierto- estos líderes trabajan en regiones sin pasado tecnológico que habitualmente corresponden a zonas no precisamente en la cúspide de la renta per cápita. Y hay varias explicaciones para que esto sea así. La primera es que todos esos lugares no parten de una potente infraestructura de TI previa y por tanto los costes de arrastre en el caso de una migración (afectan y mucho al TCO) son prácticamente inexistentes. La segunda es que no disponen de músculo financiero para abordar fuertes inversiones en TI y ven en el software libre una forma de iniciar el trayecto. Y la tercera, y preocupante, es que intentan buscar réditos mediáticos asociando el software libre a un aumento de las libertades.

Pongamos un ejemplo: la Junta de Extremadura. Su decidida apuesta por las tecnologías de software libre, vendidas políticamente a bombo y platillo como una nueva forma de entender la sociedad en la que el ciudadano tendría mayores cotas de libertad y democracia, no se han visto adecuadamente correspondidas a tenor de las cifras ofrecidas por varios organismos del Estado. En concreto, se encuentra a la cola de indicadores como el número de patentes, empresas y personas ocupadas en sectores de alta tecnología, número de doctorados o inversión en I+D.

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estadísticas de Propiedad Industrial.

Fuente. INE. Ocupados en sectores de alta tecnología por Comunidades Autónomas y sectores

Fuente: INE. Principales indicadores de I+D en los sectores de alta tecnología por Comunidades Autónomas, tipo de indicador y total / %

Es decir, la decisión de fomentar el software libre no se acompañó de un plan real para potenciar la tecnología, lo que, en la práctica deja el discurso inicial en algo bastante cercano al simple juego político.

Como añadido, resulta cuando menos curioso que el tejido industrial de Extremadura no haya seguido la línea emprendida por sus dirigentes a tenor de los datos del INE, donde se muestra que las empresas Extremeñas, en clara contraposición a sus líderes políticos, no son demasiado proclives al uso del Linux. En esta comparativa Extremadura es la Comunidad Autónoma con menor presencia de Linux en las empresas y es tan solo superada en orden descendente por Castilla-La Mancha.

Fuente: INE. Variables de uso de TIC (a enero de 2008) por comunidad autónoma

¿Cabría entonces preguntarse si los empresarios extremeños no han sabido ver ni entender las enormes ventajas asociadas al uso de Linux tal y como fueron anunciadas por sus dirigentes?

Tras el análisis de estos indicadores cuesta pensar que el software libre traerá más libertad y democracia a los ciudadanos de Extremadura tal y como aventuraban algunos de sus líderes políticos hace tan solo unos años.

Por el contrario, otras administraciones optarán por soluciones de software comercial y no por ello se le deberá dejar de exigir el mismo respeto a los estándares. Independientemente de la tecnología con la que esté desarrollada la solución, el usuario, en este caso el ciudadano, deberá tener la libertad para acceder a los sistemas de la e-Administración con las herramientas –Open Source o no- que él libremente decida. Es decir, independientemente de que la solución esté basada en tecnología de IBM, Microsoft, SAP, Oracle o de cualquier otro fabricante, el usuario deberá ser libre para decidir si su conexión se realiza con Internet Explorer, Firefox, Chrome o lo que él soberanamente decida.

Ambas alternativas, la de optar por una plataforma de software libre como la de optar por una plataforma liderada por una empresa tradicional, tienen la misma validez siempre que ambas hayan sido tomadas en base a argumentos técnicos y económicos y no a supuestos ideológicos.

Parece claro, por tanto, que las Administraciones Públicas deben tratar de ser neutrales en este mercado, sin favorecer ni perjudicar al software comercial ni al software libre que, en definitiva, no ha de olvidarse, es una forma diferente de industria -soportada por empresas- del software.

Conclusiones

Para su despegue definitivo es preciso que las decisiones respecto a la implantación del software libre se separen de forma inequívoca de cualquier razonamiento que no tenga su fundamento en la excelencia técnica, en la eficiencia y en el alineamiento estratégico con las empresas. Y para ello es preciso desmarcarse de ideologías que no hacen sino sembrar dudas en un mercado –el de la informática corporativa- poco dado a aventuras frente a tecnologías probadas y maduras salvo que las ventajas para el negocio sean incuestionables.

El software libre es un negocio apoyado por una nueva forma de industria que debe ser medido de acuerdo a los parámetros habituales de rentabilidad. Eliminar esa ilógica relación entre ideologías –cualesquiera que sean- y software permitirá eliminar esa aureola underground que aún hoy le rodea. Esto, sin duda, hará que muchos directores de sistemas valoren el software libre de calidad, que lo hay y mucho, por lo que realmente es importante: su calidad. Y el software libre que no sea de calidad –que también lo hay- simplemente desaparecerá. Exactamente igual que lo que ocurre con el software comercial.

La Administración debe garantizar la libre decisión del ciudadano a la hora de elegir software libre o comercial. En ese sentido, los sistemas de la próxima e-Administración deben ser totalmente compatibles con, por ejemplo, los navegadores Firefox, Internet Explorer, Chrome o cualquier otro que irrumpa en escena y tenga un porcentaje de mercado significativo. Igualmente, la documentación debe ser intercambiada en formatos de herramientas ofimáticas soportadas por estándares de mercado cuando sean de aplicación.

Sin embargo, este principio no es de aplicación cuando de lo que se trata es de definir la tecnología con la que dichos sistemas de e-Administración deben ser construidos. En ese caso, cada Administración, en función de sus necesidades tecnológicas y de las herramientas que el mercado en sentido amplio ponga a su disposición, deberá seleccionar la solución que mejor se adapta a sus planteamientos. Y la elección no debería estar basada en si el software es libre o no sino en qué software es el más adecuado técnica y económicamente en cada caso. Por ello se debe dar a, por ejemplo, Linux, Firefox, Chrome, OpenOffice o MySQL el mismo trato que se dispense a AIX, HP-UX, zOS, Windows, Internet Explorer, Office, Oracle o DB2.

Sería deseable que el software libre dejase de ser utilizado como sinónimo de Administración más abierta, más accesible o más democrática dado que relacionar ambos conceptos tiene bastante poco rigor. La presencia o ausencia de ésta -una Administración y una sociedad abiertas, accesibles y democráticas- poco o nada tiene que ver con la presencia o ausencia de un tipo de software en concreto. La tecnología, buena o mala, difícilmente crea mayores cotas de libertad o democracia. Es la utilización de esa tecnología por parte de las personas la que hace aumentar o disminuir los niveles de bienestar social; y mezclar ética con tecnología es un cóctel complejo de gestionar. Por tanto, no parece apropiado continuar con el discurso respecto a si es más ético utilizar software libre o no libre o si la Administración debería primar a uno u otro.

Re-conclusiones

En este post, más incluso que en anteriores, he intentando ser absolutamente respetuoso con todas las ideas. No obstante, estoy convencido de que habrá quien lo interprete como un ataque al software libre. A todos ellos les pediría que vuelvan a leerlo con un poco más de atención y en su caso repasen dos lecturas previas en Microsoft: el mayor impulsor del software libre y Y el software libre se hizo negocio...

Si después de eso siguen considerando que es un ataque al software libre les pido disculpas porque no era esa mi intención y de ser así no he conseguido expresarme con la suficiente claridad.

La idea final es que potenciar el software libre de forma artificial por razones políticas es un curiosa forma de hacerle daño porque tan pronto como el interés político y su foco mediático desaparezcan (y tarde o temprano lo harán) entrará en caída libre. Los dirigentes políticos deberían potenciar siempre la mejor tecnología que esté al alcance (si es libre perfecto y si no lo es también perfecto) porque será esa la forma de aumentar la productividad y con ello la riqueza y bienestar social de su área de influencia. Es decir, las decisiones técnicas deben estar basadas en los mismos criterios que siempre han sido de relevancia: los criterios técnicos. La cita es, nuevamente, de nuestro buen amigo Perogrullo.